Unión por Leganés-ULEG ha denunciado la que califica como “privatización municipal de los festejos de Leganés”. Recuerdan desde esta formación que “ya avisamos en su día de que el PSOE es una máquina de destrucción masiva de servicios públicos. Y de nuevo, en el comienzo de 2022, vuelve la pulsión privatizadora del gobierno formado por PSOE, Ciudadanos-C’s y Leganemos”.

Desde ULEG afirman que, “tras la piscina municipal, la grúa municipal y el laboratorio municipal, ya avisamos que el futuro nos depararía alguna sorpresa más en la destrucción de ‘lo municipal’ debido a la falta de mesura y voracidad privatizadora del alcalde Llorente”. 

Según sostienen desde el partido vecina, esta vez “se ha centrado en la Delegación de Mayores, Participación Ciudadana y Festejos: ya se ha publicado la licitación de un contrato, por más de un millón de euros, para que sean empresas las que asuman el grueso de su gestión y la organización de los festejos más importantes (Navidad y Reyes, Carnavales, San Juan, San Fortunato y San Cristóbal, Virgen de Butarque y San Nicasio)”.

Unión por Leganés critica que “durante dos años se pretende que actividades como la entrega de cartas a los Reyes Magos, pasando por las charangas, guiñoles, espectáculos de magia, teatro, exhibiciones de estatuas humanas y demás actuaciones musicales sean organizados por una empresa”.

El portavoz de Unión por Leganés-ULEG, Carlos Delgado, avisa de que “esto resulta de facto una privatización de la Delegación de Festejos, cuya organización, coordinación y criterios de gestión se llevaban a cabo por funcionarios municipales. A partir de ahora, el alcalde Llorente, como buen ‘socialista’, lo deja de nuevo todo en manos de empresas que luego tampoco controla”.

En ese sentido, ULEG denuncia que “el PSOE de Leganés lleva más de tres décadas troceando poco a poco el Ayuntamiento y sus servicios públicos para entregárselo a las empresas y que estas hagan negocio con lo público. Casi la totalidad del Ayuntamiento está en manos de contratas. El alcalde ni quiere ni sabe gestionar y prefiere pagar para que sus responsabilidades (y complicaciones) las asuman desde el sector privado”.

Añaden que, como consecuencia, “la degradación del municipio es más que evidente, lo hemos dejamos todo en manos de empresas que buscan maximizar el beneficio económico, con el menor esfuerzo y los menos recursos posibles, en lugar de buscar la calidad del servicio y el bien de la ciudad”.

Con relación a lo anterior, desde ULEG también señalan “la grave irregularidad de la licitación del contrato, ya que el importe publicado es inferior a lo que se aprobó en la Junta de Gobierno Local: en el acta del 9 de noviembre y en el propio certificado de aprobación del expediente hay una diferencia de algo más de 55.000 euros, lo que podría acarrear una nulidad del proceso por la contradicción entre lo recogido en pliegos y la plataforma de contratación pública. (1.059.597 euros versus 1.003.937 euros)”.

Por último, recuerdan desde la formación independiente que “habrá que realizar una modificación presupuestaria, dado que alguna partida económica (en el área de Promoción de la Salud) que financiará el futuro contrato carece en este momento de crédito suficiente para cubrir la cuantía del mismo”. “El lío está servido”, finaliza Delgado.