La Comunidad de Madrid ha mostrado su posición frontal ante la nueva Ley estatal para el sector de la Vivienda anunciada por el Gobierno estatal. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, ha recalcado en el Consejo de Gobierno que las limitaciones que plantea esta norma nacional ponen en peligro las inversiones en curso y harán que los promotores salgan del país.
La consejera ha querido constatar también las consecuencias que tendría en el plano laboral. El sector de la vivienda supone el 14% del PIB y del empleo en la región, y asegura que extrapolando los datos que se dan en lugares donde se aplica esta limitación, 2.370 viviendas de obra nueva dejarían de iniciarse, se reduciría la inversión en 730 millones de euros y el empleo de 5.700 personas se vería afectado.
«Esto tiene importantes consecuencias, porque el 90% de las que están en el mercado son de pequeños propietarios, que en muchos casos tienen el precio del alquiler como complemento a su renta o incluso como fuente de ingresos principal». Un claro posicionamiento de lado de los propietarios, los cuales en la Comunidad de Madrid temen que sufran cierta inseguridad jurídica y la oferta del alquiler disminuya con esta limitación de precios.
Paloma Martín asegura que el modelo del Gobierno regional «ofrece certeza, apuesta por la colaboración público-privada para generar oferta sin restricciones ni limitaciones, pone suelo público en el mercado y amplía el parque púbico para ayudar a los jóvenes». También ha recordado que la Comunidad cuenta con varios programas de apoyo a la vivienda como el Plan Vive y el Plan de venta de suelo público.
