Los consejeros de la Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE) deberán responder ante una demanda penal por administración desleal tras la exclusión de dos empresas adjudicatarias de dos parcelas de suelo público en el Plan Parcial 5 Poza del Agua.

Estas parcelas, con superficie para la construcción de 216 viviendas, fueron adjudicadas por un precio de venta de 8 millones de euros cada una de ellas. Sin embargo, el Consejo de Administración, a propuesta de la Mesa de Contratación, decidió declarar “desierto” el proceso, puesto que las adjudicatarias no habían presentado documentación obligatoria en tiempo y forma.

Fuentes próximas a estas dos empresas han señalado a Leganés AL DÍA que “requerimos oficialmente la ampliación del plazo para presentar el aval bancario, pero ni tan siquiera se nos contestó al recurso”. En concreto, amparándose en la legalidad vigente, ambas solicitaron “cinco días más de plazo para que llegase el aval”.

Llama la atención que desde EMSULE no se haya respondido a este requerimiento, y que los consejeros (concejales de Gobierno y oposición) ni tan siquiera conozcan que este recurso existe y que fue presentado en tiempo y forma.

Ahora, ambas empresas entienden vulnerados sus derechos legales y plantearán una demanda penal por administración desleal, teniendo en cuenta que los responsables de la sociedad pueden haber provocado un daño económico a las arcas de la empresa pública.

Paralelamente, los adjudicatarios han presentado un Recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal de la Comunidad de Madrid. Esta demanda administrativa paralizará la licitación actual de ambas parcelas y retrasará aún más un procedimiento que acabará por decidirse en los tribunales y que podría provocar graves consecuencias jurídicas para los consejeros.

Hay que recordare que el beneficio obtenido de la venta de estas tres parcelas municipales debía destinarse a la construcción de vivienda pública en alquiler en el Plan Parcial 4 Puerta de Fuenlabrada.

Las previsiones eran construir tres edificios con 324 pisos en régimen de alquiler para vecinos de la ciudad. Ahora, la batalla judicial provocará que todo se detenga incumpliendo la promesa del propio alcalde del PSOE, Santiago Llorente, pero también del portavoz de Leganemos, Fran Muñoz, quien condicionó su voto favorable a la venta de patrimonio público a la construcción de vivienda en alquiler por parte de EMSULE.