La licitación y venta de dos parcelas de suelo residencial en el Plan Parcial 5 de Leganés es decidirá en un juzgado, después de que el Tribunal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid se haya declarado “no competente”.

Las empresas licitantes ya han anunciado mediante escrito dirigido a EMSULE, la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

En el mismo se solicita, como ya se ha realizado ante la empresa pública, la suspensión cautelar de la nueva licitación hasta la resolución de las medidas cautelares por parte del Tribunal.

Las presuntas  irregularidades cometidas en la aprobación del pliego, como la existencia de una condición resolutoria que condiciona la adjudicación y no recogida en los pliegos o la posibilidad de recurrir al Tribunal de Contratación de la Comunidad de Madrid establecida en la cláusula 17ª y que el Tribunal se declara no competente; según los licitantes “nos crea una indefensión jurídica que podría anular todo el proceso de licitación y por extensión, también la anulación del nuevo proceso licitatorio”.

En todo este proceso, hay que destacar que una de las empresas licitantes sí tenía constituida la garantía antes de que terminara el plazo dado por EMSULE y que la aporto varios días después debido a la falta de respuesta por parte de la empresa pública de todas las cuestiones planteadas y ante la suspensión de plazos que se había establecido automáticamente al interponer el recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación.

Según manifiestan los demandantes, todas estas presuntas irregularidades y la “evidente mala fe por parte de EMSULE en cuanto a la ausencia de respuesta a sus escritos, la premura en sacar una nueva licitación y la aceleración de los plazos”.

VIA PENAL

En este sentido, los asesores jurídicos de ambas sociedades estudian presentar “una querella penal por prevaricación contra el Alcalde y Presidente de EMSULE y los miembros del consejo de administración que hubieran votado a favor de dejar desierta la adjudicación y sacar una nueva licitación”. Los abogados ven viable esta opción porque se puede demostrar “una clara política de hechos consumados contra los intereses de los licitantes”.