El partido local Unión por Leganés – ULEG ha destapado la existencia de un informe de Recursos Humanos de 300 páginas publicado en la web municipal, incluido en el presupuesto municipal en vigor, con datos personales de trabajadores municipales.

En el informe se identifican a unos 600 trabajadores y extrabajadores con nombre y apellidos, fecha de nacimiento, fecha de alta y baja en la administración. Además, en algunos casos también se indica la unidad orgánica a la que pertenecen, antigüedad y trienios, fecha de alta en el Consistorio, si es personal funcionario o laboral y el nivel o su categoría profesional.

Para el concejal de Unión por Leganés – ULEG, Carlos Aranzana esto es un «hecho gravísimo en especial con ciertos colectivos y datos». “Es un absoluto despropósito que este informe se haya ‘colado’ dentro del presupuesto del ejercicio 2022 que se publica en la web municipal. El alcalde Llorente solo se acuerda de la protección de datos para negar información a la oposición”, apunta.

En una de las tablas del documento se identifica a agentes de la Policía Local jubilados con nombre y apellidos, la fecha de nacimiento y su categoría profesional. Según el concejal de ULEG, en otra de las tablas del informe también se relaciona con nombre, apellidos, fecha de nacimiento, categoría y antigüedad a trabajadores que han retrasado su jubilación, es decir que se han “reenganchado”.

Para la formación, lo más grave de todo es que «se identifica a aquellos trabajadores municipales que se encuentran en situación de excedencia por el cuidado de hijos o aquellos que están pendientes de conseguir o han conseguido la jubilación parcial mediante la ejecución de una sentencia judicial, algo que para un gobierno que dice ser progresista y de izquierdas debería de resultar más que vergonzante el que un empleado municipal tenga que acudir a la vía judicial para ejercer este derecho laboral».

Existe incluso una tabla que identifica a trabajadores con la incapacidad permanente y cuándo se revisa esta situación: “Sin duda esto es una clara intromisión en la intimidad de las personas”, matiza Aranzana.

En un apartado del informe publicado figura junto a los nombres y apellidos la categoría de los 74 bomberos que en 2020 se integraron a la Comunidad de Madrid. Para finalizar este «dislate» también se nombra a personal eventual, (dos cargos de libre designación) con su número de empleado, que es el documento de identidad sin la letra.

Para ULEG la responsabilidad de esta gravísima situación con el presupuesto del ejercicio 2022, que se ha prorrogado para el ejercicio 2023, «está compartida por las concejalas de Recursos Humanos, Hacienda y de Régimen Interior, es decir Laura Oliva, Elena Ayllón y Concepción Saugar».

Carlos Aranzana pide que inmediatamente se ponga en conocimiento de los afectados y de la Agencia de Protección de Datos estos hechos.