El Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE) ha otorgado finalmente este lunes los poderes necesarios al nuevo equipo directivo para desbloquear la situación de la empresa, lo que supone cuestiones como el pago de las nóminas, pagar a los proveedores e incluso afrontar una liquidación por la vía de apremio de dos millones de euros que el anterior Gobierno socialista dejó sin pagar.

De este modo, la situación de EMSULE se solventa pese a la negativa de los consejeros que representan al PSOE y a Vox que “han seguido insistiendo en su intento de bloquear el funcionamiento de la empresa, olvidándose de nuevo que los que iban a ser perjudicados con su repetida intentona son, fundamentalmente, los vecinos de Leganés, los trabajadores de EMSULE y las empresas que trabajan con EMSULE”, según reza el PP en un comunicado.

“Más allá de la tranquilidad de poder poner en marcha una empresa que estaba parada y bloqueada, sigo sin encontrar una explicación lógica a la insistencia de los consejeros de PSOE y de Vox en paralizar la empresa”, ha señalado Miguel Ángel Recuenco, alcalde y presidente del PP local.

Además, Recuenco ha añadido que “si la actitud del PSOE es incomprensible puesto que, por un lado, piden soluciones y, por otro, son los primeros en poner palos en las ruedas para impedir que una empresa pública se ponga en marcha; la actitud de Vox es menos entendible todavía”. Por último ha querido agradecer a los consejeros de Más Madrid y Podemos “su colaboración para poner en marcha el trabajo administrativo del nuevo equipo directivo de EMSULE”.

Así, en el Consejo de Administración, Más Madrid Leganés ha presentado las medidas de transparencia para desbloquear EMSULE que hizo públicas el pasado 30 de agosto, como respuesta a la nueva convocatoria del equipo Gobierno.

El PSOE denuncia amenazas

Por su parte, el PSOE de Leganés ha votado hoy nuevamente en contra de la renovación de poderes a los consejeros de la Empresa Municipal del Suelo (EMSULE) al entender que el único objetivo que persigue es “poner en riesgo la viabilidad de las 350 viviendas públicas adjudicadas desde esta empresa”.

Así lo destaca la representante socialista en el Consejo, Laura Oliva, que señala que “estas viviendas no están en riesgo a no ser que los nuevos dirigentes de la empresa quieran que estén”. Asimismo, Oliva denuncia que a lo largo de estos días y con la documentación que se ha hecho llegar a los consejeros, se ha tratado de “amenazar a aquellos que querían votar en contra”.

“En Leganés no es la primera vez que hay un Gobierno en minoría. Siempre hemos tratado de buscar acuerdos y de apoyarnos en los partidos que compartían nuestros objetivos pero nunca nadie se ha permitido amenazar a los consejeros con una serie de responsabilidades a los que no votamos lo que ellos consideran que tenemos que votar. Esto es inédito en esta ciudad y denunciamos esta forma de actuar que está estandarizando el Gobierno del PP y de ULEG”, apunta.